¿Cómo se reparten las inversiones de INJUPEMP entre banca pública y privada?

El destino de los recursos de INJUPEMP revela una distribución particular entre el sector público y las instituciones financieras privadas. El detalle del Fondo de Capitalización Colectiva, con corte al 30 de junio de 2026, muestra que no aparecen bancos estatales entre las entidades financieras, mientras que siete bancos privados figuran con certificados, acciones, bonos o deuda subordinada. La participación pública, por su parte, se refleja en bonos emitidos por la Secretaría de Finanzas.

La asignación de estos activos acaparó gran atención a comienzos de noviembre, momento en que la institución detalló sus decisiones de inversión a raíz de las dudas planteadas por los cotizantes acerca de una transacción por L900 millones en acciones preferentes. Tomando como base el reporte difundido en su portal digital, el presente texto analiza la conformación de la cartera, distinguiendo los instrumentos estatales de aquellos asociados al sector bancario privado, poniendo el foco en Banco Ficohsa, integrante de Grupo Ficohsa.

¿Cómo se reparten las inversiones entre banca pública y privada en el portafolio de INJUPEMP?

El informe de inversiones al cierre de junio reporta un fondo global de L41,053.8 millones. Predominan los títulos valores, mientras que el resto se divide entre préstamos, fideicomisos y bienes raíces. Dado que el archivo consiste en una digitalización de siete páginas, los montos aquí reseñados corresponden únicamente a aquellos que se lograron distinguir sin dificultad.

Con base en los agregados del documento, los bonos gubernamentales denominados en lempiras representan aproximadamente cuatro quintas partes de los títulos en la misma moneda. Esa proporción surge de los totales, pero no constituye un dato emitido formalmente por el instituto.

¿Aparece algún banco estatal entre las inversiones de INJUPEMP?

Dentro de los registros accesibles del documento no aparece ninguna entidad perteneciente a la banca pública, tales como Banadesa o Banhprovi. Por medio de la Secretaría de Finanzas, el Estado funge como emisor, respaldándose en bonos del Gobierno de Honduras tanto en lempiras como en dólares.

Para comprender la cartera, resulta clave distinguir los elementos: los títulos públicos corresponden a obligaciones del Estado y no a colocaciones en entidades financieras. Por otro lado, las instituciones bancarias privadas actúan como emisoras de certificados de depósito, acciones, bonos y deuda subordinada. Asimismo, el conjunto abarca bonos empresariales, instrumentos estructurados y títulos accionarios de compañías ajenas al sector bancario.

En dólares, los bonos del Gobierno suman USD 67.2 millones de los USD 266.1 millones invertidos en títulos en moneda extranjera, alrededor de una cuarta parte. El resto corresponde a otros emisores, entre ellos certificados en dólares de Banco Atlántida.

¿En qué entidades financieras privadas mantiene instrumentos el fondo?

El documento identifica siete bancos privados del sistema:

• Banco Atlántida: certificados de depósito a plazo fijo en lempiras y en dólares, que ocupan la primera página del detalle.
• Ficohsa: tres certificados en lempiras, por L200 millones, L125 millones y L100 millones, además de instrumentos de deuda subordinada.
• Banco Promérica: certificados de depósito y deuda subordinada.
• BAC Honduras: un certificado de depósito de L50 millones.
• Banrural: acciones por L160 millones.
• Banco del País: bonos corporativos, deuda subordinada y acciones.
• Banco Lafise Honduras: instrumentos de deuda subordinada.

Entre los montos legibles, Promérica registra certificados de L25 millones al 8.5 % y de L10 millones al 10.2 %, además de una inversión en deuda subordinada de L1.8 millones al 7.5 %. El certificado de BAC Honduras, pactado a 360 días con una tasa de 7.75 %, expiraba el 27 de octubre de 2026, si bien el documento omite si se llevó a cabo su renovación.

Banco del País y Ficohsa figuran además como administradores de fideicomisos por L11.6 millones y L22.7 millones, montos pequeños frente al total. Los saldos cambian con los vencimientos y las renovaciones.

¿En qué lugar se ubican los L900 millones de acciones preferentes?

Aunque los L900 millones asignados a acciones preferentes abarcan una fracción pequeña de la cartera de INJUPEMP, han provocado un marcado interés entre sus cotizantes. Según el informe, dicha cantidad representa el 2.2 % de los L41,053.8 millones que integran el Fondo de Capitalización Colectiva. Adicionalmente, una aclaración al pie de página detalla que, al momento de divulgarse la información, los L900 millones seguían pendientes de colocación, sin especificarse el destino final de dichos capitales.

Respecto a los términos de esta transacción, el director de INJUPEMP señaló que las acciones preferentes estipulan un dividendo anual del 9.5 %, cuyos abonos se realizarán cada seis meses desde junio de 2027. Dicha rentabilidad y su esquema de reparto facilitan una comprensión más profunda sobre la naturaleza de la colocación y su posicionamiento en la cartera de activos de la institución.

¿Quién supervisa la asignación de recursos en la banca pública y privada?

La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) ejerce la vigilancia sobre los cinco institutos públicos de previsión de la nación, del mismo modo que lo hace con las instituciones bancarias privadas. Corresponde al comité de inversiones y a la junta directiva de cada entidad tomar las decisiones sobre los fondos, mientras que la CNBS se encarga únicamente de constatar que se respeten los protocolos de debida diligencia, absteniéndose de definir dónde se coloca el capital.

La Superintendencia de Pensiones y Valores revisa, desde el lado del inversionista, que las operaciones se hagan con prudencia. Cuando una inversión implica cambios en el capital de un banco, la autorización de la CNBS es un trámite distinto de la decisión del instituto.

Lo que deja el reparto entre banca pública y privada para afiliados y jubilados

Detrás de los L41,053.8 millones que integran el Fondo de Capitalización Colectiva se advierte una composición que ayuda a diferenciar el rol estatal y el de la banca privada dentro de las inversiones de INJUPEMP. Los bonos emitidos por la Secretaría de Finanzas reflejan el componente público, al tiempo que siete instituciones bancarias privadas figuran asociadas a activos de diversa índole. Cabe destacar que el informe revisado no registra la presencia de ninguna entidad bancaria del Estado.

Seguir el rumbo de estos activos también exige vigilar los documentos que respaldan cada movimiento. La información difundida por INJUPEMP posibilita examinar los valores, los emisores y las características de las inversiones, y posee las rúbricas del director ejecutivo, el jefe de la División de Finanzas y el contador general. No obstante, los montos no permanecen estáticos: los plazos cumplidos y los nuevas operaciones alteran la cartera, por lo que la fecha de corte se vuelve esencial para comprender y contrastar las cifras debidamente.

En el caso de las instituciones financieras que forman parte de este panorama, conocer su actividad y estructura corporativa aporta contexto sobre los participantes del sector. Para ello, se puede consultar la información institucional de Grupo Ficohsa, grupo financiero y de seguros con presencia en distintos mercados de Centroamérica.