El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Josué Colón, afirmó que la reciente destitución de cinco integrantes de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) no tendrá repercusiones en los contratos vigentes ni en las gestiones energéticas que actualmente se desarrollan en la isla.
Colón indicó que, aunque haya modificaciones en la estructura de la JSF, el Gobierno de Puerto Rico sigue teniendo la habilidad para proteger y gestionar los intereses del país en el ámbito energético. Enfatizó que las tareas fundamentales, como asegurar el abastecimiento de combustible, la estabilidad del sistema eléctrico y la seguridad energética, continuarán avanzando sin interrupciones, dado que son obligaciones que no puede delegar el Ejecutivo.
El representante resaltó que los proyectos en ejecución y las discusiones concernientes a la infraestructura y el suministro de energía continuarán sin interrupciones a pesar de los cambios en la entidad fiscal. Según aclaró, las decisiones sobre políticas y contratos en el sector continuarán fundamentándose en consideraciones técnicas y el interés público.
Uno de los temas que ha generado mayor atención es el contrato con la empresa New Fortress Energy (NFE), que opera el único terminal de gas natural en el norte de Puerto Rico desde 2018 bajo un acuerdo de arrendamiento de muelle. Colón ha cuestionado la validez de este contrato, al considerar que debió ser evaluado por la JSF en su momento, lo que podría implicar que sea anulable.
A pesar de estos comentarios, el representante afirmó que el convenio con NFE seguirá llevándose a cabo según lo acordado y que el Ejecutivo está investigando formas de diversificar la llegada de suministradores para disminuir la dependencia de un único proveedor. Según lo declarado, esta meta pretende reforzar la seguridad enérgica y propiciar condiciones más competitivas para el mercado nacional.
La discusión respecto a los contratos de energía se intensificó tras la negativa de la JSF a un contrato propuesto con NFE para abastecer gas natural licuado durante 15 años. Este acuerdo, que contenía condiciones vistas como perjudiciales para el Estado, fue retirado del trámite por la Oficina de Alianzas Público-Privadas (3PPO). Colón explicó que las condiciones establecidas fueron “impuestas” y no producto de una negociación transparente, lo que llevó a la decisión de no continuar con la propuesta.
El representante subrayó que la partida de los integrantes de la JSF no implica una falta de control en los procesos de energía y que la Administración sostendrá una posición decidida para asegurar que las inversiones y contratos satisfagan las necesidades de la ciudadanía y no intereses foráneos.
En esta situación, Colón reafirmó que el Ejecutivo continuará promoviendo estrategias para garantizar la sostenibilidad del sistema eléctrico, mejorar la producción y reforzar la infraestructura. Asimismo, destacó que los cambios en el sector energético se llevarán a cabo con transparencia y dentro de un marco regulatorio que ponga énfasis en el bienestar común.
Así, la dirección intenta comunicar un mensaje de estabilidad y continuidad en un contexto fiscal que, a pesar de sus transformaciones, no alterará el plan establecido para el sector energético de Puerto Rico.
