Colombia avanza en un plan de largo plazo que incorpora los derechos humanos en las políticas públicas, la inversión y la vida diaria, estableciendo metas para 2036 y una ejecución gradual que articula dimensiones sociales, económicas y territoriales. La iniciativa, aún en proceso de consulta, pretende guiar a las instituciones y al sector privado hacia estándares más exigentes de debida diligencia, acceso a servicios y participación de las comunidades.
Propósito y alcance de un plan con horizonte 2036
El Gobierno del presidente Gustavo Petro impulsa un Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos con vigencia proyectada hasta 2036. Se trata de un marco integral que aspira a convertirse en referencia obligatoria para entidades del Estado, empresas y actores sociales en la toma de decisiones, asignación de recursos y evaluación de impactos. El documento, estructurado en un borrador de decreto con diez capítulos y respaldado por un texto técnico de 146 páginas, propone articular principios, metas medibles y mecanismos de seguimiento para asegurar continuidad más allá de los ciclos políticos.
Esta iniciativa se concibe como una política de Estado y no únicamente de gobierno. Por ello, plantea instrumentos transversales que alcancen sectores clave —infraestructura, minería, hidrocarburos, salud, educación y tierras— y promueve que los estándares de derechos humanos funcionen como criterios de diseño, operación y control, no como anexos posteriores. La intención es que, durante la década siguiente, el país avance desde declaraciones normativas hacia prácticas verificables, con énfasis en la protección de poblaciones vulnerables y en la prevención de conflictos socioambientales.
Arquitectura normativa y etapas de implementación
El andamiaje propuesto descansa en un decreto que ofrece el marco habilitante y en un plan técnico que desgrana objetivos, líneas de acción e indicadores. La implementación se piensa por fases: una etapa inicial de ajuste y concertación; un periodo de despliegue territorial con pilotos en regiones priorizadas; y un tramo de consolidación con metas intermedias, auditorías y difusión de aprendizajes. De esta forma, se intenta evitar que el plan quede en el papel y, en cambio, se conecte con presupuestos, cronogramas y responsabilidades claras.
Un componente esencial consiste en crear o consolidar espacios de coordinación intersectorial que integren a ministerios, organismos reguladores, entidades de control y actores de la sociedad civil, mientras que, en el ámbito territorial, se plantea articular el plan con los instrumentos ya vigentes —planes de desarrollo, ordenamiento territorial, estrategias de paz total— para evitar duplicidades y garantizar, sobre todo, que las prioridades locales influyan en la distribución de los recursos nacionales.
Cláusulas de derechos humanos para proyectos estratégicos
Uno de los frentes más notorios es la inclusión de cláusulas obligatorias sobre derechos humanos en grandes proyectos de infraestructura, minería y de hidrocarburos. Dichas medidas abarcarían todo el proceso, desde la planeación y el otorgamiento de licencias hasta la contratación, la ejecución y el cierre. La intención es dejar atrás evaluaciones sólo técnicas y avanzar hacia modelos de debida diligencia que integren riesgos sociales y ambientales, incorporen protocolos de consulta y participación informada, ofrezcan mecanismos accesibles de quejas, garanticen una reparación adecuada y presenten reportes públicos de manera periódica.
Para los licenciamientos y concesiones, el plan sugiere exigir matrices de riesgos diferenciales —con enfoque étnico, de género, niñez y discapacidad— y planes de mitigación verificables por terceros. En la contratación pública y alianzas público-privadas, propone condiciones de cumplimiento vinculadas a prácticas laborales dignas, seguridad en el trabajo, respeto por el territorio y preservación de fuentes hídricas. En etapas de cierre o abandono de proyectos, se enfatiza la restauración ambiental, la reconversión económica local y la transparencia de datos.
Territorios, devolución y garantía legal desde una perspectiva de derechos
El acceso, la utilización y la devolución de tierras se presentan como otra línea prioritaria, y el plan formula objetivos orientados a agilizar la formalización de la propiedad rural, robustecer los procedimientos de restitución y afianzar mecanismos de resolución de conflictos que disminuyan la disputa y resguarden a comunidades campesinas, étnicas y afrodescendientes, mientras que el enfoque de derechos exige asegurar certeza jurídica, dar prelación a quienes han sido víctimas del despojo y fomentar modelos productivos sostenibles que armonicen el desarrollo económico con la protección del territorio.
Se prevé también brindar apoyo técnico a iniciativas agroecológicas, ofrecer incentivos que promuevan la conservación y fortalecer la articulación entre el catastro multipropósito y las políticas sociales. La meta es que la política de tierras vaya más allá de la simple expedición de títulos y garantice condiciones efectivas para el arraigo, el impulso productivo y la salvaguarda del entorno natural.
La salud y la educación se consolidan como pilares esenciales para garantizar derechos reales
El plan sitúa a la salud y la educación como el eje central de los derechos habilitantes. En materia de salud, se impulsan objetivos orientados a ampliar la cobertura en todo el territorio, reforzar la atención primaria y establecer rutas específicas para mujeres, niñas y comunidades rurales dispersas. Asimismo, se contempla robustecer los mecanismos de alerta temprana frente a violencias de género y potenciar la atención en salud mental mediante equipos móviles y una coordinación estrecha con los sistemas de justicia y protección social. En el ámbito educativo, la propuesta busca cerrar brechas a través de infraestructura escolar adecuada, programas continuos de capacitación docente, mayor conectividad y contenidos que incorporen la cultura de derechos humanos, la memoria y la participación ciudadana.
La calidad se ubica como eje primordial, con propuestas de evaluaciones orientadas a la equidad, apoyo continuo a escuelas situadas en contextos de alta vulnerabilidad y colaboración con instituciones de educación superior para impulsar investigación aplicada, prácticas profesionales y observatorios regionales que permitan monitorear los avances con total transparencia.
Debida diligencia empresarial y regulación inteligente
El sector privado es un actor clave para que la ruta planteada sea sostenible. Por ello, el plan impulsa la adopción de políticas empresariales de derechos humanos, procesos de debida diligencia y reportes no financieros alineados con estándares internacionales. Para las pymes, se sugiere un esquema gradual que incluya herramientas de autodiagnóstico, capacitación y asistencia técnica; para grandes compañías, la expectativa es contar con sistemas robustos de gestión de riesgos, supervisión independiente y diálogo permanente con comunidades.
La regulación, por su parte, busca ser “inteligente”: clara en obligaciones, proporcionada al tamaño y al riesgo de cada actividad, y enfocada en resultados verificables. El énfasis está en prevenir y corregir antes que sancionar a posteriori, sin renunciar a consecuencias efectivas frente a incumplimientos graves o reincidentes. La interoperabilidad de plataformas públicas permitirá cruzar información de licencias, inspecciones y quejas para priorizar la supervisión donde más se necesita.
Enfoque territorial, participación y control social
La estrategia reconoce las diferencias regionales de Colombia y, por ello, sugiere diseñar hojas de ruta para cada territorio con objetivos y recursos claramente definidos, elaboradas a través de procesos participativos que involucren a autoridades locales, organizaciones sociales, pueblos étnicos, mujeres, jóvenes y el sector productivo. La participación va más allá de una simple consulta, ya que se propone integrar consejos ciudadanos, veedurías y observatorios comunitarios con verdadera capacidad de influencia y seguimiento.
Para reforzar el control social, el plan impulsa portales de datos abiertos que difunden información sobre avances, presupuestos ejecutados, indicadores de impacto y el grado de cumplimiento de los compromisos; del mismo modo, fomenta la capacitación de liderazgos locales en metodologías de monitoreo, gestión de conflictos y procesos de concertación, prestando especial atención a la protección de personas defensoras de derechos humanos.
Métricas, claridad informativa y responsabilidad pública
La medición del progreso se basará en un conjunto de indicadores que integren resultados, procesos y percepciones, tales como el acceso a servicios esenciales, la reducción de desigualdades en educación y salud, los tiempos de restitución y formalización de tierras, el grado de participación real en iniciativas estratégicas, la disminución de tensiones socioambientales y la eficiencia de los mecanismos de quejas y reparación, mientras que la divulgación periódica de estos indicadores —respaldada por auditorías internas y externas— pretende ofrecer seguridad a la ciudadanía y facilitar los ajustes necesarios en la dirección tomada.
Se contempla también una revisión a mitad del periodo que posibilite redefinir objetivos, modificar estrategias y redistribuir recursos, una instancia intermedia esencial para garantizar que el plan siga siendo pertinente frente a cambios en los contextos económicos, climáticos o sociales.
Articulación con paz total, clima y transición energética
La ruta en derechos humanos dialoga con la política de paz total y con la agenda climática. La prevención de violencias, la sustitución de economías ilícitas, la protección de líderes comunitarios y la garantía de presencia institucional en territorios históricamente marginados son piezas que el plan integra como condiciones para el ejercicio pleno de derechos. En materia ambiental, se proponen herramientas para evaluar impactos acumulativos, proteger ecosistemas estratégicos y asegurar que los pasos hacia la transición energética se realicen con justicia social, empleo digno y participación informada.
Los proyectos de energías renovables, por ejemplo, deberán integrar análisis de riesgo social, medidas de protección para las comunidades y mecanismos de reparto equitativo de beneficios, buscando que la descarbonización no prolongue desigualdades, sino que se transforme en una ocasión para un desarrollo verdaderamente inclusivo.
Financiación, capacidades y sostenibilidad en el tiempo
Para que el plan sea operativo, requiere una estructura financiera que combine presupuesto público, cooperación internacional y, cuando proceda, aportes del sector privado bajo reglas claras. El documento plantea mecanismos de programación plurianual, priorización de inversiones y coordinación con marcos fiscales de mediano plazo. En paralelo, se contempla el fortalecimiento de capacidades estatales: formación técnica, dotación de equipos, mejora de sistemas de información y profesionalización de equipos en territorios.
La sostenibilidad también depende de institucionalizar prácticas: manuales, guías, protocolos y convenios que trasciendan gobiernos. La idea es reducir la dependencia de voluntades coyunturales y consolidar una cultura de derechos humanos que se refleje en la gestión cotidiana.
Una política de Estado en construcción abierta
Aunque el plan continúa en etapa de consultas y podría experimentar modificaciones, mantiene un propósito definido: establecer una política de Estado que sitúe los derechos humanos como eje central de la gestión pública y privada en la próxima década. El proceso participativo —con mesas técnicas, contribuciones académicas y observaciones de distintas comunidades— será fundamental para legitimar las prioridades y garantizar que los instrumentos se ajusten a las realidades locales.
Si logra articular instituciones, empresas y ciudadanía alrededor de metas comunes y verificables, esta hoja de ruta podría marcar un punto de inflexión en la manera en que Colombia planifica, invierte y evalúa su desarrollo. Más que una lista de buenas intenciones, aspira a ser un mecanismo concreto para cerrar brechas, prevenir conflictos y garantizar que el crecimiento vaya de la mano con la dignidad humana.
