Sheikh Hasina, quien fuera primera ministra de Bangladesh, ha recibido una sentencia de muerte tras ser declarada culpable de delitos contra la humanidad. Estos crímenes están vinculados a la supresión de manifestaciones estudiantiles que culminaron con la caída de su administración. El veredicto emitido por el Tribunal Internacional de Crímenes (TIC) representa un momento decisivo en el panorama político de la nación.
Un tribunal internacional de crímenes, compuesto por tres magistrados y dedicado a enjuiciar delitos de guerra y graves transgresiones a los derechos humanos en Bangladesh, dictó su fallo el lunes. Dicho veredicto estableció que Hasina fue hallada culpable de instigar y ordenar ejecuciones sumarias durante las protestas estudiantiles del año anterior. Conforme a la corte, la brutalidad ejercida por las fuerzas de seguridad bajo su dirección resultó en la pérdida de cientos de vidas y dejó a decenas de miles de heridos.
La sala del tribunal en Dacca se llenó de aplausos de algunos familiares de las víctimas al escuchar la sentencia. Uno de los jueces afirmó: “Sheikh Hasina cometió crímenes de lesa humanidad por su incitación, sus órdenes y su omisión al no tomar medidas punitivas”. Los magistrados sostuvieron que existía evidencia clara de que la ex primera ministra había instigado la violencia contra los estudiantes que se manifestaban pacíficamente, llevando a ejecuciones y represalias sistemáticas.
Las manifestaciones, que comenzaron como una iniciativa estudiantil en oposición a las políticas de contratación en el sector público, evolucionaron hasta convertirse en una insurrección a nivel nacional que exigía la dimisión de Hasina. De acuerdo con los datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la respuesta represiva del Estado podría haber provocado hasta 1.400 fallecimientos y más de 25.000 lesionados.
Hasina, quien reside actualmente en un exilio autoimpuesto en Nueva Delhi, India, no estuvo presente en el tribunal y calificó el proceso como “parcial y con motivaciones políticas”. A través de su partido, la Liga Awami, rechazó los cargos y denunció irregularidades en el debido proceso.
Acusaciones y respuesta de Hasina
La ex primera ministra enfrentó cinco cargos principales, que incluían incitar asesinatos de manifestantes, ordenar ejecuciones y utilizar armas letales, drones y helicópteros para reprimir las protestas. Hasina negó de manera reiterada cualquier responsabilidad, argumentando que los veredictos fueron emitidos por un tribunal “amañado” y presidido por un gobierno sin mandato democrático.
En una declaración formal emitida por su agrupación política, la Liga Awami, la antigua dirigente afirmó: “Desestimo las restantes imputaciones de transgresiones a los derechos humanos formuladas por el Tribunal Penal Internacional, ya que carecen igualmente de fundamento probatorio. Me siento sumamente satisfecha con el desempeño de mi administración en lo que respecta a los derechos humanos y el progreso”.
Desde el año 2009 hasta su destitución en 2024, Hasina dirigió Bangladesh con una administración robusta y concentrada. Durante su período en el poder, la nación experimentó un notable desarrollo económico; sin embargo, su gestión fue objeto de acusaciones de corrupción, regresiones democráticas y vulneraciones de los derechos fundamentales, lo que provocó una creciente insatisfacción pública. Expertos señalan que la sentencia de muerte podría avivar las fricciones políticas antes de los comicios nacionales programados para febrero del año entrante.
La representación legal de Hasina elevó un recurso ante el relator especial de la ONU encargado de las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, expresando inquietudes por la ausencia de garantías procesales y de un juicio justo. Paralelamente, el gobierno provisional de Bangladesh ha cursado una petición formal para la extradición de la antigua primera ministra, si bien la India no ha emitido aún una contestación oficial.
Manifestaciones y crispación en el ámbito urbano
Antes de que se emitiera el fallo, una multitud de manifestantes se reunió frente a la deteriorada casa de Sheikh Mujibur Rahman, el padre de Hasina y fundador de Bangladesh, ubicada en el distrito de Dhanmondi. Las grabaciones difundidas por los medios de comunicación locales exhibieron a los participantes encendiendo hogueras en la vía pública y entonando cánticos en oposición a la estirpe política de la familia Hasina. Se informó que las fuerzas armadas y la policía intervinieron con porras para restablecer el orden.
El domingo anterior, la capital, Dacca, registró incidentes de violencia, incluyendo la explosión de cócteles molotov lanzados por personas en motocicletas. La seguridad se reforzó con vehículos blindados y agentes equipados con escudos antidisturbios alrededor de edificios gubernamentales clave, mientras se desplegaban equipos de acción rápida y fuerzas de la guardia fronteriza.
El vástago de Hasina alertó que los seguidores de la Liga Awami podrían impedir los comicios si no se revocaba la proscripción del partido, indicando que las manifestaciones podrían tornarse violentas. “No consentiremos que se realicen elecciones sin la Liga Awami. Nuestras movilizaciones se agudizarán progresivamente y actuaremos según sea necesario. Si la comunidad internacional no intercede, es probable que surjan conflictos en Bangladesh”, afirmó.
Carrera política de Hasina
La trayectoria vital de Sheikh Hasina se entrelaza íntimamente con el devenir histórico de Bangladesh. Primogénita de Sheikh Mujibur Rahman, fue testigo desde temprana edad de la contienda por la independencia bangladesí frente a Pakistán. A raíz del levantamiento militar de 1975, que cobró la vida de su progenitor, su madre y tres hermanos, Hasina y su hermana se vieron obligadas a partir al exilio.
En 1981, retornó a Bangladesh para tomar las riendas de la Liga Awami, la formación política de su progenitor. Asumió el cargo de primera ministra por primera vez después de triunfar en los comicios de 1996. Más tarde, en 2008, volvió al poder y ejerció el gobierno hasta 2024, estableciendo un mandato que fusionó el progreso económico con un estilo de gobierno autoritario.
Durante su mandato, Hasina fue criticada por tendencias hacia un sistema de partido único y por medidas que limitaban la libertad de prensa, la oposición política y la participación ciudadana. La implementación de leyes de ciberseguridad permitió al gobierno reprimir la expresión en línea, con arrestos de periodistas, activistas y artistas, y denuncias de detención arbitraria y tortura.
A pesar de estas críticas, Hasina logró superar múltiples protestas durante su administración, hasta que el levantamiento del año pasado, impulsado por la generación Z, provocó su salida del poder y la colocó en exilio en India. Actualmente, muchos de sus familiares y líderes de su partido también viven fuera del país.
Contexto económico y social
Durante la administración de Hasina, Bangladesh logró un desarrollo económico considerable, evidenciado en la modernización de su infraestructura, el progreso educativo y la disminución de la pobreza. No obstante, este progreso económico coexistió con denuncias de corrupción extendida y una centralización del poder. La opacidad en la gestión y las restricciones a las libertades democráticas provocaron una insatisfacción pública que culminó en las protestas estudiantiles que precipitaron el término de su gestión.
El levantamiento del año pasado evidenció la tensión entre la población y un Gobierno que muchos consideraban desconectado de las demandas ciudadanas. El uso de fuerzas de seguridad para reprimir protestas pacíficas derivó en una crisis humanitaria con un elevado número de víctimas, un factor determinante en la condena de Hasina.
El tribunal consideró que la ex primera ministra tenía responsabilidad directa en la violencia, no solo por órdenes explícitas, sino también por omisión ante los abusos perpetrados por las fuerzas del orden. Este precedente judicial refleja un intento de establecer rendición de cuentas frente a graves violaciones de derechos humanos en Bangladesh.
Reacciones y perspectivas políticas
La sentencia contra Hasina ha generado un clima de polarización en el país. Por un lado, los partidarios del gobierno interino, liderado por el premio Nobel Muhammad Yunus, consideran que los juicios son esenciales para restaurar la confianza pública y fortalecer las instituciones democráticas. Por otro lado, los simpatizantes de Hasina rechazan los procesos legales, considerándolos políticamente motivados y diseñados para marginarla de la política activa.
Mientras la Liga Awami permanece suspendida de toda actividad política, el Gobierno interino enfrenta el desafío de organizar elecciones seguras y garantizar la estabilidad antes de los comicios previstos para febrero. La tensión social y política, sumada a las amenazas de protestas violentas, constituye un riesgo significativo para la gobernabilidad y el orden público en el país.
El escenario internacional también observa con atención la situación, dado que la extradición de Hasina desde India y la legitimidad del tribunal han sido temas de debate diplomático. La comunidad internacional ha expresado preocupación por la seguridad de los derechos humanos y la necesidad de garantizar un proceso judicial justo y transparente.
La condena a muerte de Sheikh Hasina marca un capítulo crítico en la historia política de Bangladesh, donde el balance entre desarrollo económico, autoritarismo y derechos humanos ha definido la trayectoria del país. La sentencia refleja el peso de la justicia en casos de crímenes de lesa humanidad y la importancia de la rendición de cuentas, aunque también genera incertidumbre sobre la estabilidad política futura.
La vida de Hasina, desde la tragedia familiar hasta su liderazgo autoritario, ilustra los desafíos de la política en una nación joven y compleja. Con la Liga Awami suspendida y el Gobierno interino buscando consolidar la gobernabilidad, Bangladesh enfrenta un período de tensión mientras se acerca la fecha electoral. Los próximos meses serán cruciales para determinar si el país puede equilibrar justicia, democracia y estabilidad social frente a uno de los casos políticos más emblemáticos de su historia reciente.
